La portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Motril en el Ayuntamiento de Motril, Luisa Mª García Chamorro ha informado que su formación política ha presentado una moción para defender la libertad de las familias en la elección de la educación de sus hijos así como de la educación concertada, que en Motril concretamente y según las pretensiones de la Junta de Andalucía, afectaría al colegio Público Santo Rosario.
Los populares han advertido que el gobierno andaluz del PSOE pretende eliminar una línea educativa de infantil en Motril en el Colegio Santo Rosario y ésta medida afectaría a muchos alumnos, familias y docentes del municipio. El Partido Popular entiende que esta medida “arbitraria y sin consenso” debe ser revocada de inmediato ya que no está justificada bajo ningún concepto. La Junta de Andalucía tiene prevista la clausura de cuatro unidades de infantil en la provincia de Granada, esto afectaría a unas cien plazas en los centros concertados y es precisamente ahora tras la movilización de los padres y de los centros educativos afectados tras la lectura de un manifiesto en el día de ayer cuando la Consejería ha aclarado que “no se cerrarán si en estos centros existe demanda”. Los populares han advertido que “de esta actuación ya tenía conocimiento el Ayuntamiento de Motril ya que se había tratado en la comisión de conciertos educativos celebrada hace unos días, Almón no se ha manifestado al efecto ni a día de hoy ha mostrado su desacuerdo al respecto”. “Pedimos a la alcaldesa de Motril que se pronuncie y aclare qué va a ocurrir con esta línea en nuestro municipio”, ha añadido.
Los populares han explicado que la libertad de enseñanza y de educación es un derecho fundamental recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española. Tanto la Ley de Educación Andaluza, en su Artículo 2.3, como nuestro Estatuto de Andalucía, en su Artículo 21, reconocen como enseñanzas públicas la educación pública y la educación concertada.
García Chamorro ha subrayado que la educación concertada juega un papel muy importante en nuestra sociedad y es elegida como opción de enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias. Los populares dicen no entender la postura de la Consejería de Educación, en relación a la renovación de los conciertos, está actuando de forma absolutamente silenciosa y con falta de diálogo con las asociaciones más representativas del sector de la concertada así como de los familiares de los alumnos y profesores.
La portavoz municipal ha subrayado que precisamente, la Consejera de Educación, el pasado jueves en el Parlamento andaluz en contestación a una pregunta oral relativa a la renovación de los conciertos educativos, anunció que no se realizarán nuevos conciertos y de los que ya existen seguirán aquellos en los que las unidades sean estrictamente necesarias.
“La excusa que da la Junta de Andalucía es el descenso de la natalidad, y nosotros creemos que la bajada de natalidad no debe afrontarse mediante el cierre de unidades con demanda, sino que debe verse como una oportunidad para reducir la ratio en los centros concertados y en los públicos, para mejorar la calidad, así como para atender mejor a la diversidad del alumnado de ambos centros educativos”. La popular ha destacado que lo que hace falta es arbitrar medidas que favorezcan la educación pública y concertada que son complementarias y llevan más de treinta años conviviendo sin problema.
Igualmente García Chamorro ha pedido a Almón que medie don sus compañeros de la Junta de Andalucía para que no se elimine la línea del centro educativo motrileño del Santo Rosario y ha calificado de “improvisada y carente de diálogo” esta actuación que lo único que hace es generar problemas donde no los hay. “Son muchas las familias, menores y docentes a los que les afecta esta medida en nuestro municipio y la Junta de Andalucía debe de rectificar”, ha añadido.
Para concluir la dirigente popular ha explicado que la iniciativa que lleva a pleno su formación política solicita entre otras medidas: impulsar, a través del diálogo con todos los agentes implicados, un gran Pacto Educativo que impida que ocurran situaciones similares sin consenso ni diálogo, que se incremente el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria por parte de la Junta de Andalucía, que se tengan en cuenta en cada caso la ratio de la zona donde esté ubicado el centro educativo, así como las características del municipio, que se garantice la complementariedad y convivencia de ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y/o discriminación, respetando la libertad de elección de centros de las familias, como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española así como que se apruebe un plan de reversión de unidades educativas suprimidas por no reunir los requisitos de demanda social, de manera que si en los centros sostenidos con fondos públicos las circunstancias que motivaron la eliminación de tales unidades se vieran modificadas, automáticamente pueda revertirse la situación y que dichos centros puedan volver a recuperarlas.
