La situación de las playas motrileñas tras el último temporal y con la ausencia aún del esperado espigón ha motivado a que hoy la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, se haya puesto en contacto directamente con la directora general de Calidad y Evaluación ambiental, Marta Gómez, para pedirle “agilidad en la tramitación del expediente del espigón que lleva más de un año esperando la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental en esta Dirección general de Calidad y Evaluación ambiental”.
“Quiero agradecer el interés mostrado por la directora general en la conversación mantenida, y espero que este expediente se resuelva a la mayor brevedad de manera que se pueda iniciar la licitación de esta importante obra de defensa para nuestras playas”, ha señalado la alcaldesa motrileña.
Luisa García Chamorro ha visitado también esta misma mañana la zona afectada y ha mantenido una reunión con los técnicos de la Dirección General de Costas en Granada, “los cuales nos indican que la única solución a corto plazo y mientras no se haga el espigón, es nuevamente realizar una aportación de arena a las zonas afectadas”. “Asimismo nos han indicado que una vez que esté la resolución de la Evaluación Ambiental, en un plazo de seis meses se podría acometer la construcción del espigón”, ha informado.
Desde el Ayuntamiento de Motril se espera que las obras se puedan iniciar a partir del mes de septiembre “y que este sea el último verano que nuestras playas esté indefensas y sufran el deterioro y mala imagen que de forma periódica estamos mostrando al exterior”, ha señalado la primera edil motrileña, poniendo de manifiesto el esfuerzo que “con medios propios y desde las áreas municipales se ha hecho para construir una escollera y proteger tanto la senda litoral como una torreta de salvamento que estaba a punto de caerse”.
Por otro lado, Luisa García Chamorro ha informado que, tras haberse reunido con los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Motril, para poner en marcha las acciones legales anunciadas, “estamos barajando la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo contra la inactividad del Gobierno central en el ejercicio de su obligación, recogida en la ‘Estrategia de actuación en la Costa de Granada’ y dentro de los Estudios de dinámica del litoral, donde se recogía que las actuaciones a realizar en Playa Granada eran calificadas de prioridad alta”, ha señalado.
