La alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, ha lanzado al Gobierno de la Nación una petición que, debido a la “incomprensible y dañina demora que está suponiendo para la agricultura de nuestra zona”, se convierte en “exigencia”, máxime después de lo que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motril se considera un “nuevo brindis al sol” tras el anuncio realizado la pasada semana por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de ACUAES (Aguas de las Cuencas de España, S.A.) por el que se comunicaba la aprobación del proyecto de construcción de las conducciones derivadas del sistema Béznar-Rules, concretamente la redacción del desglosado número 9.
En efecto, la primera autoridad municipal ha mantenido una reunión de urgencia con los responsables de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo; una cita a en la que estuvo también presente el teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez, quien subrayó “la nula credibilidad y una tomadura de pelo del gobierno hacia los regantes de la costa”. Para Escámez, la situación actual es insostenible “porque lo que está en juego es el potencial de nuestra agricultura como generadora de empleo en las próximas décadas”. Más aún, según el teniente de alcalde de Agricultura “la ampliación de las zonas cultivables está en jaque en un litoral que, productivamente, es muchísimo más potente en calidad y cantidad que otras áreas limítrofes que se están expandiendo incluso a nuestra costa”, afirma Escámez.
Según Luisa María García Chamorro, “a estas alturas no deberíamos estar reclamando lo que debería estar ya hasta concluso”, en referencia a tres cuestiones claras de las que depende “no ya el futuro, sino hasta el propio presente y después de una incomprensible demora de años”. En concreto, la alcaldesa urge al Gobierno de España a que apruebe ya la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la definitiva redacción del proyecto general (no están hechos los constructivos, que son 11 y que deberían licitarse al unísono) y que se empiecen las fases, ejecutándose de forma solapada.
En este marco, además, el gobierno local considera “inadmisible” que ahora se comunique la dotación presupuestaria de 1 millón de euros para la redacción de los proyectos constructivos (y un plazo de 18 meses) cuando, el anterior Gobierno de España había consignado 6 para la redacción de los proyectos constructivos. “Y queremos saber en qué se ha empleado un dinero con el que se podrían haber sufragado seis proyectos constructivos”, argumenta la alcaldesa quien avala la petición de la Comunidad General de Regantes del Guadalfeo para que “cuanto antes se reúna la comisión de seguimiento que en su día se constituyó, para que cada una de las administraciones implicadas rinda cuentas de sus actuaciones y responsabilidades”.
Además, los regantes denuncian el hecho de que no se haya emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni se ha aprobado el proyecto, algo totalmente indispensable con carácter previo, comunicando que la propia comunidad “tuvo que enterarse por la prensa” de que la propia DIA estaba pendiente de un informe de la Junta de Andalucía “y que la propia junta tuvo que enviar de nuevo al Ministerio después de haberlo hecho hacía ya quince meses, por lo que esto no es más que una tomadura de pelo”. Algo que, según apostilla el teniente de alcalde Antonio Escámez “nos vuelve a situar, una y otra vez, en un punto de salida en el que queda todo el camino por recorrer y esto es inadmisible”, decía el edil.
“A bombo y platillo”
Luisa María García Chamorro ha explicado que la noticia “anunciada por la Subdelegada del Gobierno de que esto iba a ser la solución definitiva tiene, cuando menos, lagunas insalvables”. De hecho, la Declaración de Impacto Ambiental “que debía haberse aprobado, como mucho en dos meses, ya lleva un retraso de dos años”. Es más, hasta que no esté aprobado todo el proceso de la DIA -siguiendo los pasos legales- no se empieza la redacción del proyecto general, es decir la licitación de la empresa que se va a encargar de ello y luego empezar con las fases “por lo que vemos que se ha comenzado justamente por el final”, dice la alcaldesa, al hilo del proceso seguido al dedillo por la comunidad de regantes que denuncian, al respecto, que lo anunciado a “bombo y platillo” por el Gobierno Central supone “la aprobación de una fase de un proyecto donde no está aprobado ni el proyecto general (está el proyecto básico, pero no ninguno de los constructivos) ni la DIA”.
Desde el Ayuntamiento de Motril, la Declaración de Impacto Ambiental “que debería estar lista en noviembre del pasado año” es necesaria y urgente como primera piedra de un proceso que no puede saltarse las fases preceptivas “por lo que cualquier cosa que se anuncie ahora como aprobada no sirve para nada”, asegura la alcaldesa quien asegura que el propio consistorio pedirá explicaciones al Ministerio y le exigirá “que se apruebe la DÏA y que los proyectos constructivos se hagan todos a la vez y no de uno en uno”. Es más, para la alcaldesa el hecho de que sin aprobar la DIA se esté sacando a licitación la redacción de proyectos constructivos “¿por qué no lo han hecho antes?”.
Sobre este tema, la alcaldesa Luisa María García Chamorro, y el teniente de alcalde Antonio Escámez, mantuvieron una larga reunión con el vicepresidente de la Comunidad General de Regantes, Fernando Moreno Rodríguez, el secretario Antonio Jiménez Chamorro y el vocal de la misma, Manuel Morales Ortega.
