La aprobación del plan, en mayo de 2018, debería haber supuesto la articulación y el desarrollo de medidas para satisfacer, entre otras, las necesidades de vivienda protegida en Motril. La no ejecución del plan supone, de hecho, que Motril no cuenta con una política de vivienda municipal.
Jose Llorente, portavoz de IU-Equo, ha denunciado la indiferencia de la Administración local con las necesidades reales de sus vecinos y de sus vecinas y el desprecio al reconocimiento de su derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada, un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Llorente ha señalado que la desidia de los responsables municipales ha convertido el plan, que fue aprobado por unanimidad en su momento, en papel mojado, aparcando los objetivos de crear una oferta de vivienda de nueva construcción, habilitar hogares en régimen de alquiler para la disminución de viviendas vacías y favorecer la rehabilitación y la eliminación de infraviviendas.
A la vista de esta situación, parece evidente que a la alcaldesa y a su equipo de gobierno le interesan más los grandes proyectos urbanísticos, como la creación de un puerto deportivo en playa Granada, campos de golf y segundas residencias. Desde luego, no parece que entre sus prioridades se encuentre atender las necesidades de las familias jóvenes de una vivienda digna y en condiciones económicas proporcionales a sus ingresos, ha denunciado el edil de la formación de izquierdas.
A todo lo anterior se añade que la falta de ejecución del plan está suponiendo que desde el Ayuntamiento no se estén promoviendo las condiciones y normas necesarias para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación.
Según ha informado el concejal de IU-Equo, diferentes informes sobre la situación de la vivienda señalan que Motril es un municipio en el que conviven problemas que afectan al acceso y mantenimiento de la vivienda de su población: un mercado de alquiler muy vacacional orientado al período estival, precios elevados, poca oferta de alquiler residencial y carencia de vivienda pública, además de escasos recursos de viviendas municipales.
