Denuncia que la tramitación seguida en el expediente de revocación a la
empresa concesionaria ha hecho posible que se produjera el
subarrendamiento irregular a otra empresa, la reapertura de negocio y la
ejecución de obras en el edificio sin contar con las correspondientes
licencias municipales.
Las malas actuaciones municipales siguen permitiendo diversas
irregularidades en torno a la revocación de su concesión administrativa,
cuatro meses después de acordada por el Pleno.
La empresa concesionaria sigue sin resolver la deuda que mantiene con
el Ayuntamiento de Motril de, al menos, 150 mil euros y con los
trabajadores, de 90 mil euros por impago de salarios.
Inma Omiste ha afirmado que el trato que ha recibido la empresa concesionaria
del chiringuito Oleaje por parte de la Administración municipal es impensable
que pudiera darse a cualquier pequeño negocio local y, desde luego, a ninguno
de sus vecinos y vecinas a los que se exige el escrupuloso cumplimiento de
sus obligaciones con la ciudad.
La portavoz de IU-Equo no encuentra otra explicación a esta diferencia del trato
municipal que la debida a los ilustres apellidos que se encuentran tras la
empresa que obtuvo la concesión de la parcela de titularidad municipal en
Playa Granada por un alquiler irrisorio de 1.300 euros, que se ha permitido no
abonar desde el mes de mayo de 2014.
Omiste ha recordado que esta concesión fue tramitada y aprobada, en su
momento, por el Gobierno local del Partido Popular que, en su opinión, no ha
estado muy acertado en la gestión de sus grandes proyectos, como sería este
caso o el del Centro de Desarrollo Turístico que han resultado, finalmente,
onerosos para la ciudad de Motril y para sus vecinas y sus vecinos.
Omiste ha exigido a la alcaldesa de Motril el cierre inmediato de las
instalaciones del chiringuito y la paralización de cualquier actuación para su
posible reapertura hasta tanto en cuanto la empresa no abone efectivamente
los salarios que adeuda a los trabajadores (aproximadamente 90 mil euros),
resuelva la deuda con los arcas municipales de 158 mil euros y se cumpla con
los requisitos legalmente establecidos.
Inma Omiste se ha preguntado por qué IU-Equo es el único grupo político que
está denunciando este caso y defendiendo los intereses de los trabajadores y
de la ciudad. Dónde están aquellos a los que se les llena la boca con que Motril
y los motrileños son lo único importante y lo primero cuando se está causando
un importante quebranto económico a las arcas municipales y a trabajadores y
proveedores también mayoritariamente motrileños. Por qué callan ahora, se ha
preguntado.
Un repaso de las actuaciones llevadas a cabo pone de manifiesto, cuando
menos, la falta de diligencia de los servicios técnicos municipales en la
tramitación del expediente de revocación.
– Se han concedido a la empresa concesionaria ampliaciones del plazo de
presentación de alegaciones pese a la irrelevancia de las presentadas y
la evidencia de que la empresa seguía una estrategia de dilación con el
único objetivo de extender el plazo de resolución del expediente.
– No se ha informado a la Corporación de la Resolución del Consejo
Consultivo de Andalucía de fecha 6 de junio, inhibiéndose del asunto.
– Tampoco de la existencia de un documento de arrendamiento privado
suscrito entre la empresa concesionaria y otra mercantil en fecha 7 de
junio.
– No se ha comunicado a la Corporación la solicitud del acreedor
hipotecario (Banco de Sabadell) para ejercer el derecho de proponer
sustituto al concesionario, de fecha 12 de junio y de la suspensión por el
plazo de un mes de la tramitación del expediente, solicitada por esta
entidad y concedida por el Ayuntamiento.
La secuencia de los trámites y las decisiones administrativas adoptadas ponen
de manifiesto un procedimiento que no parece haber tenido como objetivo, en
ningún momento, la defensa de los intereses municipales ni del interés general
de la ciudad y ha conducido a la situación actual en la que la empresa
concesionaria pretende desprenderse del negocio eludiendo sus
responsabilidades después de haberlo explotado durante más de cuatro años
de forma irregular.
