El vocal de Relaciones Institucionales de la coordinadora local, Esteban Leyva, ha presentado la moción que AxSí ha registrado para debatir en el pleno del 29 de octubre en apoyo a los afectados por el incendio de Sierra Bermeja y en recuerdo del bombero forestal fallecido.
Leyva ha afirmado que, si en 2017 el incendio de Doñana calcinó ocho mil hectáreas, cuatro años más tarde, el de Sierra Bermeja ha calcinado diez mil y ha supuesto la lamentable muerte de un bombero en el ejercicio de su trabajo. “En plena crisis climática, los grandes incendios provocan liberación masiva de CO2 en la atmósfera, desertifican y degradan los suelos y recursos hídricos y perjudican sobremanera al paisaje, flora y fauna con consecuencias medioambientales, sociales y económicas irreparables. La gestión de los recursos para prevenir incendios forestales por parte de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía y ahora del ejecutivo del PP y Ciudadanos ha resultado muy deficiente. Colectivos como ASAJA y la Fundación Savia denuncian el maltrato a nuestros bosques, montes y dehesas”.
El vocal andalucista ha aclarado que los datos del sector acreditan fehacientemente el ineficaz y poco diligente trabajo de las distintas Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. A saber: tras ocho años sin convocar ayudas forestales y de prevención de incendios, lo que hace más proclive nuestro territorio natural a dichos desastres, se han dejado de adjudicar cincuenta y siete millones de euros de las dos líneas de subvenciones planteadas que debieran haber ido a parar a nuestros bosques y montes andaluces; y el 70% de las propiedades forestales andaluzas, que equivale a tres millones cuatrocientas mil hectáreas y son privadas, llevan diez años sin ningún tipo de ayudas a pesar de que Bruselas y la PAC así lo contemplan e impulsan.
En relación con la política de recursos humanos de la Junta de Andalucía en esta materia más de lo mismo. En primer lugar, subrayar cómo el colectivo de bomberos forestales lleva denunciando desde hace años una precariedad e inestabilidad laboral insostenible pues cada año son contratados setecientos trabajadores durante los meses del verano para cubrir puestos en realidad de naturaleza estructural. La temporalidad en la contratación encadenada, y por tanto fraudulenta, tiene que acabar pues impide la continuidad de los trabajos en invierno, fuera del periodo de verano, que es cuando se previenen los incendios. Igualmente reclaman una oferta de empleo público que recupere puestos de trabajo y se apruebe una Ley Básica del Estatuto del bombero forestal que corrija ciertos agravios comparativos. En segundo lugar, respecto de los Agentes de Medio Ambiente hemos pasado de una plantilla de mil trescientos en 2011 a setecientos veinte en la actualidad, sin convocatorias de plazas ni reposición de las jubilaciones y con multitud de competencias que dificulta su labor.
Leyva ha comentado que “podemos calificar de fracaso la gestión pasada y presente de la Junta de Andalucía en prevención de incendios. El Plan de Emergencias para Incendios Forestales de Andalucía, Plan INFOCA, destina más a la extinción que a la prevención, poniendo excesiva atención en sofocar el fuego y poco a prevenirlo. Hace treinta y dos años se aprobó el Plan Forestal Andaluz y no se ha actualizado desde entonces y ya en 1989 se señalaba la sequía y la subida de temperaturas como factores de incremento de los incendios forestales. No existe una planificación y prevención integral forestal en Andalucía.
Finalmente, Leyva ha narrado que la despoblación y abandono del medio rural también influyen en que antiguas zonas cultivadas y montes de pastoreo y ganadería actualmente estén llenos hierbas y maleza que prenden con facilidad. En definitiva, debemos insistir en que los incendios se apagan en invierno con una política de planificación y prevención integral forestal que no existe en Andalucía. La auto protección mediante tareas de limpieza, desbroce y poda controlada de los bosques se convierte en urgente necesidad y, por consiguiente, la imprescindible coordinación y colaboración entre administraciones. En este caso, la Junta de Andalucía con las Diputaciones Provinciales e incluso los ayuntamientos afectados para, en el respectivo ámbito de sus competencias y con la maquinaria y trabajadores necesarios, mejorar la resiliencia de nuestros bosques y montes.
