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Desde este Comité de huelga remiten el siguiente comunicado: «deseamos hacer un llamamiento al equipo de gobierno para que reconduzca la situación y cumpla con los servicios mínimos decretados e impuestos a esta parte por ellos mismos. El derecho a la huelga, es un derecho constitucional, y no vamos a permitir que sea vulnerado bajo ningún concepto o pretexto. Si no cumplen con las condiciones que ustedes mismos nos impusieron, porque no les guste el resultado, a partir de ahora, serán los únicos responsables de los  incidentes que se puedan desarrollar.

Deseamos denunciar, que:

  • Este equipo de gobierno  va a obligar a incorporarse al servicio a conductores que por un problema administrativo, no se les han gestionado los permisos requeridos para poder trabajar, y por tanto, si salen a trabajar, lo harían en fraude de Ley. Informado de este hecho el equipo de gobierno hace meses,  le quita importancia al asunto justificando esta situación, y argumentando que se trataría  solo de una sanción administrativa, sanción que ninguno político pagaría de su bolsillo, porque se pagarían con los impuestos de todos los Motrileños. Vamos, que no le duele en prenda reventar una huelga con los bolsillos de los ciudadanos.
  • Está obligando a los trabajadores incumpliendo las medidas más básicas de seguridad laboral, y la propia circular del Servicio de Prevención Municipal. Este hecho, ha sido denunciado esta misma mañana ante el órgano competente.

Señores del equipo de gobierno, el fin no justifica los medios, en cosas tan serias como estas, no vale todo, y sobre todo cuando se trata de la salud y la seguridad de los trabajadores.  Nos lo están poniendo muy difícil a este Comité que tiene como función garantizar los servicios mínimos que usted impusieron y que  a diario improvisan sobre la marcha cambiando las normas del procedimiento de huelga.

En relación al núcleo del conflicto, la aplicación de las tablas salariales, no podemos entender como ahora se extienden tantas sombras sobre su legalidad. Estas tablas salariales, se han estado aplicando durante tres años en una empresa 100% pública, LIMDECO, y después de la incorporación de la plantilla al Ayuntamiento, durante varios meses. Por tanto, o las intenciones del Ayuntamiento son hacernos pasar por un aro con el único objetivo de imponer su postura dominante  sometiendo las libertades y  la dignidad de un colectivo combativo, o por el contrario, están tapando un posible delito de prevaricación al haber pagado con dinero público durante más de tres años, algo que es contrario a Ley, porque no olvidemos, que los responsables de pagar esto antes, son los mismos que ahora ponen en duda su legalidad.

La ciudad, no puede esperar a que este equipo de gobierno  finalice su periodo de disfrute de vacaciones de Semana Santa mientras que ciudadanos y empresarios sufren las consecuencias de esta huelga. Esta ciudad, no merece estar así hasta el lunes que ustedes deseen sentarse a negociar.

Para finalizar, deseamos pedir perdón a los ciudadanos que son los que en última instancia están sufriendo las consecuencias de este conflicto.  Así mismo, deseamos mostrar de nuevo nuestra disposición a negociar. Aun estamos a tiempo de que los efectos de esta huelga no condenen a la ciudad en estas fechas.

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