Yeray Castro. Foto: Miguel Sánchez
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El pasado día 16 de marzo saltó en prensa y redes sociales la noticia del cese del Secretario del Ayuntamiento de Motril y una presunta agresión y/o conducta violenta tras ser sorprendido cargando documentación del ayuntamiento en su vehículo. Las informaciones aparecidas en prensa plantean muchas dudas sobre el propio funcionamiento de la institución local que deben ser resueltas a la mayor brevedad.

Desde Podemos Motril repudiamos cualquier actitud violenta o agresiva que haya podido tener lugar por los motivos que sea y exigimos a la alcaldesa Flor Almón y a su equipo de gobierno que en aras de la transparencia y de la reputación del ayuntamiento y sus trabajadores den las informaciones y explicaciones oportunas para conocer la realidad de lo sucedido, así como las circunstancias que dan lugar a tal situación.

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, introdujo el artículo 92 bis en la Ley reguladora de las bases de régimen local, mediante el cual las Comunidades Autónomas mantienen ciertas competencias sobre los funcionarios de habilitación nacional, concretamente nombramientos provisionales, comisiones de servicios, interinos, personal accidental, etc… Por tanto, el cese o no renovación del contrato al ex secretario general del Ayuntamiento de Motril, suponemos que está ajustado a la legalidad.

Ahora bien, la primera cuestión a la que el ayuntamiento debe dar respuesta es la causa o causas por las cuales se produce el cese o no renovación contractual. Si obedece a cuestiones relacionadas con una mayor eficacia en la gestión de sus funciones o si, por el contrario, esta decisión va encaminada a encubrir actuaciones o procedimientos incompatibles con los procesos establecidos en las normas adjetivas.

Desde Podemos Motril instamos al Ayuntamiento a que haga público el informe policial sobre la incautación de la documentación que el ex secretario general intentó llevarse en su vehículo, sobre la presunta agresión denunciada por concejales del equipo de gobierno y sobre la naturaleza del contenido de dichos documentos.

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