El pasado 26 de febrero, cumpliéndose una sentencia judicial, se procedía al precinto y desahucio de los terrenos correspondientes a ocho hoyos del campo de golf de Los Moriscos en Playa Granada. En el momento en el que se ejecutaba el embargo por parte de Hacienda, se cerró al tráfico de peatones una calle que da acceso directo desde las urbanizaciones a la zona de baño, colocándose un cartel con la reseña: ‘Propiedad del Estado’.
Ante esta circunstancia, el teniente de alcalde de Urbanismo y Obras Públicas, Antonio Escámez, se puso rápidamente en comunicación con el director general de Patrimonio del Estado, Bernardino Pérez, a quien trasladó la inquietud de los vecinos y del propio ayuntamiento motrileño por el cierre de dicha calle peatonal.
El director general de Patrimonio, según ha manifestado Antonio Escámez, le trasladó de inmediato que el propietario del campo de golf “le estaba permanentemente dando largas en los últimos diez años”, a lo que el responsable municipal respondió que la llamada obedecía básicamente a que Hacienda “no podía quedarse con las calles de una ciudad –y menos de la forma que se había hecho, vallándose todo el recinto y cortando el vial–, es decir, lo técnicos han llegado, medido y cortado el tramo de 250 metros cuadrados de acceso a la playa, precisamente ahora, que estamos a las puertas de la Semana Santa”.
Tras una conversación, en la que hubo ciertos momentos tensos, se llegó finalmente a un grado de entendimiento, que según Antonio Escámez se basa en “que el Ayuntamiento de Motril preparase toda la documentación necesaria donde se acreditase que el mencionado tramo de Playa Granada –junto al campo de golf–vienen siendo utilizado con carácter público desde que se llegara a un acuerdo en 2002 con Avilas Rojas, en base a una permuta que se realizó, aunque no quedó registrada”, y añadía, “el Sr. Bernardino nos pidió solicitar el tramo urbanizado por escrito, porque finalmente nos lo van a dar –al Ayuntamiento de Motril– ya que no existe ningún inconveniente, siempre que su utilización sea de uso público, cosa que no ocurre con los ocho hoyos precintados, que tendrían un uso de carácter privado”.
El responsable municipal de Urbanismo y Obras Públicas ha confirmado que el mismo instante que finalizó la conversación, los técnicos del área se pusieron a trabajar en la elaboración de la petición hecha por el Sr. Bernardino, “porque había un compromiso de que los viales y zonas públicas nos las iban a dar, de hecho, ese mismo día conseguimos que se retirasen las cintas que impedían el paso de personas, posibilitando el paso de peatones hasta la zona de baño y su funcionalidad pública”.
En el escrito remitido al Director General de Patrimonio del Estado, el pasado 27 de febrero, se indica “no es difícil imaginar el perjuicio que se está produciendo con el balizamiento y la señalización de prohibido el paso que se ha instalado en parte del vial, tanto por la propia restricción de paso en uno de los principales accesos a la playa como por la alarma social que la medida ha causado” y prosigue “es por ello por lo que vengo a solicitar el levantamiento del precinto a la mayor brevedad posible a fin de evitar mayores perjuicios y la cesión formal de la superficie de finca que consta como patrimonio del estado y que a día de hoy se encuentra urbanizada como viario, siendo la superficie estimada de unos 250 metros cuadrados”.
En el momento que esté finalizo todo el trámite burocrático se procederá a la firma del acuerdo entre ambas partes, procediéndose al registro de toda la documentación, de manera oficial, donde se dé fe de la titularidad municipal en el Registro Municipal.
