El Gobierno local de la ciudad de Motril ha exigido esta mañana una “solución dialogada” al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que delimiten sus respectivas competencias en materia de inmigración, tras el incidente registrado ayer cuando 24 inmigrantes -obligados a guardar cuarentena por contactos con casos positivos de COVID-19- fueron puestos en libertad con solo una hora y media de preaviso al Consistorio. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha hecho un llamamiento para que ambas administraciones se comprometan a buscar una solución que dé respuesta a los propios inmigrantes y a aquellos ayuntamientos de la región con una mayor presión migratoria, al tiempo que les recuerda que, “más allá de protocolos de actuación y pugnas competenciales, los inmigrantes no son una competencia, sino que son personas”.
Desde el Gobierno local han asegurado que no es la primera vez que Subdelegación de Gobierno se niega a asumir sus competencias en materia de inmigración y han recordado que la Administración central ya dejó en las calles de Motril a 17 migrantes argelinos el pasado mes de mayo y en pleno período de confinamiento obligatorio decretado por el propio Gobierno central. Desde el Consistorio han querido dejar claro que la ciudad brinda su “total colaboración” para atender las necesidades inmediatas de los migrantes, pero también señalan que “las administraciones competentes no puede seguir cargando sobre los ayuntamientos un sobresfuerzo que no pueden asumir”.
Los hechos ocurridos ayer revisten una especial gravedad, ya que el colectivo de 24 inmigrantes había tenido contacto con uno o varios positivos por COVID-19, por lo que, pese a que las pruebas PCR que se les habían practicado habían arrojado un resultado negativo, están obligados a guardar cuarentena de acuerdo con los protocolos sanitarios. El Ayuntamiento ha habilitado en numerosas ocasiones estancias temporales para los migrantes que llegan a la costa, pero no dispone de lugares para períodos de media y larga estancia, como requiere la cuarentena sanitaria. Por ello, el Consistorio se vio obligado a actuar con celeridad ante la posibilidad de que los 24 inmigrantes quedarán desatendidos en la calle, lo que hubiera supuesto un riesgo evidente para la salud de los motrileños y de los propios migrantes.
La teniente de alcalde de Acción Social, Inmaculada Torres, ha calificado de “esperpéntica” la situación que se produjo a última hora de la tarde de ayer y ha criticado duramente que los ayuntamientos estén asumiendo unas competencias impropias. “Lo único que pedimos es que esas administraciones –central y regional- se sienten a dialogar y delimiten exactamente cuáles son sus competencias para que estas personas que ya llegan en esta situación ya de por sí es lamentable no tengan que verse en situaciones esperpénticas”, ha dicho. Torres ha apelado a la responsabilidad de las “administraciones superiores” y ha pedido que sean “conscientes de la situación que están viviendo los ayuntamientos”, incapaces de asumir competencias en materia de inmigración.
Desde el Ayuntamiento, también se ha querido agradecer la labor desinteresada que vienen realizando las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y su trabajo para prestar auxilio y atención inmediatos al colectivo de migrantes, como Cruz Roja, Emergencia Frontera Sur, Motril Acoge, el personal del Protocolo de Emergencia para atender a las personas Inmigrantes (PECOL) y a los propios trabajadores de Servicios Sociales municipales.
Traslado a Torremolinos
La alcaldesa de Motril ha detallado la situación que se produjo ayer cuando a las 19:30 horas recibió una llamada en la que se le informaba de que se iba a “dejar en la calle” a 24 inmigrantes a las 21 horas, tras el período de retención de 72 horas en el centro de custodia de inmigrantes (CATE). Desde el Ayuntamiento se estableció entonces un dispositivo de urgencia para contactar con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que proporcionan atención y acogida a inmigrantes.
La alcaldesa fue informada posteriormente de que el grupo de migrantes debía ser trasladado al centro de aislamiento habilitado por la Junta de Andalucía en el municipio de Torremolinos (Málaga) y que la Subdelegación del Gobierno debía ser la encargada de dicho traslado. Sin embargo y ante la negativa de la Subdelegación a responsabilizarse del traslado, el Consistorio motrileño fletó un autobús para que los inmigrantes pudieran pasar la cuarentena en la localidad malagueña.
García Chamorro ha criticado que, “nuevamente, la Subdelegación del Gobierno nos hace cargo al Ayuntamiento de una serie de personas sobre las que no somos responsables” y no ha dudado en calificar de “inaceptable” su actitud al intentar “dejar en las calles de Motril a las nueve de la noche a 24 inmigrantes sin haber pasado la cuarentena y tras haber tenido contacto con otros inmigrantes positivos en COVID”. La primera edil motrileña ha anunciado que, a lo largo de la mañana del viernes, el Consistorio presentará la correspondiente queja oficial ante la Subdelegación del Gobierno, porque “entendemos que no son formas de tratar a estas personas que llegan a España en patera” y “por hacer recaer la responsabilidad de estas personas en el Ayuntamiento de Motril”.
