La oposición cierra filas en torno a la aplicación de la sentencia del Supremo sobre el salario de los concejales no adscritos

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El portavoz de Andalucía Por Sí en el ayuntamiento de Motril, David Martín, ha comparecido este jueves junto a portavoces y representantes del resto de formaciones políticas en la oposición para reclamar a la alcaldesa Luisa García Chamorro que aplique la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que reconoce que los concejales después de abandonar una formación política no pueden recibir mejoras económicas.

En este sentido, Martín ha afirmado que los concejales que se presentaron en 2019 a los comicios municipales por la candidatura de Andalucía Por Sí, Daniel Ortega y Susana Peña, se integraron en el gobierno municipal en octubre de 2019, tras haber abandonado su formación política cuando estaban en curso de un expediente disciplinario interno por haber roto la disciplina de partido sin contar con la autorización de la coordinadora local ni la coordinadora nacional.

El edil del partido andalucista ha reconocido que desde enero de 2020, con la entrada en vigor de los presupuestos municipales los dos ediles no adscritos perciben entre 30.000 y 33.000 euros brutos al año por las competencias que tienen en Deportes, Salud, Consumo y Comercio.

Martín ha afirmado que no entiende cómo el Partido Popular y Ciudadanos que llegaron al gobierno de la Junta de Andalucía hace dos años diciendo que iban a acabar con los chiringuitos y las duplicidades de la administración, ahora mantienen a dos concejales que a su vez dependen de otras dos tenientes de alcalde que tienen delegadas sus competencias, dándose la circunstancia de que por primera vez en la historia de este Ayuntamiento haya una teniente de alcalde de Deportes de la que depende un concejal de Deportes y una teniente de alcalde de Comercio de la que depende una concejala de Comercio. Martín ha comparado los 63.000 euros anuales que perciben los dos ediles con el presupuesto anual que había para eventos culturales en cada ejercicio del anterior gobierno municipal.

El portavoz de AxSí ha manifestado que en el presupuesto que para su aprobación inicial se llevará al pleno del 18 de diciembre, hay un fondo COVID de 150.000 euros, que se podría incrementar un 40 %, sólo con la aplicación de esta sentencia del Supremo que da la casualidad que se dicta a instancias de un proceso iniciado por el Partido Popular contra una concejala que abandonó su formación para integrarse en un gobierno municipal.

Por último, Martín ha aclarado que algunos ediles que estaban en la misma situación en otras entidades locales han renunciado a sus cargos o a sus salarios, tras la publicación de la sentencia y una vez que han consultado con la secretaría general de cada Ayuntamiento. David Martín ha rechazado que este proceso, registrado el martes en el Consistorio, busque “judicializar” la actividad política municipal “más bien estamos pidiendo que Luisa nuestra alcaldesa y todos los concejales del equipo de gobierno, asuman la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.

El PSOE exige a la alcaldesa que cumpla la sentencia 

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Motril ha exigido a la alcaldesa que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a retirar la asignación económica a los concejales tránsfugas, en este caso a los dos ediles que se presentaron bajo las siglas de Andalucía Por Sí y que, tras ser expulsados de esta formación política, incorporó Luisa García Chamorro, con unas liberaciones económicas de 30.0000 y 33.000 euros, a su Gobierno municipal, en octubre de 2019.

La concejala socialista Alicia Crespo ha advertido a Luisa García Chamorro que tiene el deber de cumplir la Ley y que, de no hacerlo, “las consecuencias para ella pueden ser bastante graves, pues ya tiene una condena firme del Supremo por mentir y fue requerida varias veces por el Juzgado para que la cumpliera”.

“Luisa García Chamorro no está por encima de la ley, aunque lo pueda llegar a creer, y no todo vale en política”, ha argumentado la edil del PSOE, que ha lamentado que el afán de Luisa García Chamorro “por gobernar a cualquier precio, y acallar las voces en la oposición, la llevara a generar el Gobierno más caro que ha tenido Motril en toda su historia”.

“La alcaldesa prefirió pagar un sueldo a estos concejales buscando una mayoría cómoda cuando no le hacía falta. Y lo hizo a costa del bolsillo de todos los motrileños, para no tener que dialogar ni pactar nada con la oposición e incluso con los propios partidos del Gobierno municipal”, ha evidenciado Crespo.

Por último, desde el PSOE han sugerido a Luisa García Chamorro que dedique el presupuesto que libere del pago de los sueldos a los concejales no adscritos a ayudar a los colectivos golpeados por la crisis de Coronavirus. “Son muchas familias a las que realmente les hace falta”, ha apuntado Alicia Crespo.

IU-Equo reclama el cumplimiento del pacto anti transfuguismo en Motril

Jose Llorente, concejal de IU-Equo ha señalado que con la incorporación de estos dos concejales tránsfugas la alcaldesa García Chamorro ha eludido el cumplimiento de la legalidad e incumplido claramente el pacto contra el transfuguismo con la única pretensión de blindar una mayoría de la que quizás ella misma duda.

Según el edil de IU-Equo, la integración de estos dos concejales en el quipo de gobierno ha supuesto, únicamente, sumar dos votos más a las propuestas del gobierno local, pero los costes económicos para la Corporación y para la ciudad son importantes, 66 mil euros anuales.

El transfuguismo político, además de una deslealtad con la organización a la que se pertenece, supone el falseamiento de la representación política, ya que tuerce la voluntad expresada por la ciudadanía con sus votos. En este sentido, Llorente ha afirmado que, desde Izquierda Unida, defendemos la necesidad de un compromiso ético de la función política asumido por todos quienes desempeñamos responsabilidades en cualquier ámbito público.

VOX afirma que se ha creado una tormenta política

La iniciativa presentada por el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Motril, por la que insta al equipo de Gobierno a que excluya del mismo a los dos concejales no adscritos, puede causar una serie de acontecimientos que cambien el devenir político de la institución motrileña. El desencadenante de esta situación ha sido la Sentencia 1401/2020, de 26 de octubre, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que fija como doctrina que el pase a condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de transfuguismo, “impide que se asuman cargos o que se perciban atribuciones que antes no ejercía o percibía e indiquen mejoras personales, políticas o económicas”.

A tenor de esta sentencia, y como ya anunciara en una entrevista radiofónica Miguel Ángel López en semanas pasadas, VOX ha solicitado un informe técnico por parte de la Secretaría y el Área Jurídica del Ayuntamiento de Motril sobre la situación de los concejales no adscritos, Daniel Ortega Moreno y Susana Encarnación Peña Gómez, a fin de determinar si procede su situación y remuneración actuales, así como un informe técnico de Intervención, relativo a si procede la devolución de las percepciones económicos obtenidas y el montante de las cantidades a devolver.

Así lo ha hecho saber su portavoz, Miguel Ángel López: “cuando en VOX tuvimos conocimiento de esta sentencia, entendimos que lo procedente era iniciar las actuaciones para esclarecer si los dos concejales no adscritos que forman parte del Gobierno municipal estarían en una situación no conforme a la ley, y además causando un quebranto económico a las arcas municipales. Así que hemos obrado en consecuencia, y el pasado lunes registramos un escrito por el que exigimos los informes técnicos de Secretaría, Intervención y el Área Jurídica del Ayuntamiento para que determinen la situación legal de los dos concejales. A eso hay que añadir que, posteriormente, otros grupos políticos municipales también han exigido una respuesta del Gobierno municipal respecto a este asunto, así que el Gobierno municipal no le queda más remedio que responder cuanto antes”.

El portavoz de VOX señala a la alcaldesa de Motril como responsable de esta situación:”la megalomanía y los miedos de la Sra. García Chamorro hicieron que pasara de tener un gobierno de quince concejales de los veinticinco que componen la Corporación. Esa megalomanía y ese miedo pueden haber derivado en un perjuicio al patrimonio de los motrileños”. Por último, Miguel Ángel López se pregunta “cuál es la posición de los socios de Gobierno del Partido Popular, que hasta el momento no se han pronunciado. Especialmente la de Ciudadanos, que es un partido político en la que su dirección nacional se suele manifestar con rotundidad en contra del transfuguismo político, pero parece que, en la práctica, eso se olvida cuando está en juego mantenerse en el poder”, concluye el Portavoz de VOX.