Los informes emitidos en el mes de febrero por el Interventor municipal y el Secretario del Ayuntamiento hacen referencia al pago indebido de gratificaciones en el mes de octubre de 2016 consistente en la inclusión en la nómina de algunos empleados del pago de horas extras sin que conste resolución o decreto dictado por la Alcaldesa. El importe de esas gratificaciones sumó un total de 11.177,71 euros.
En dichos informes se señala literalmente: “No estamos ante un pago indebido en el que existe error de hecho, material o aritmético sino que se trata de la vulneración absoluta del procedimiento legalmente establecido y la ausencia del acto administrativo habilitante que confiera el derecho al cobro de la gratificación percibida”.
Por este motivo los informes concluyen que es necesario incoar el procedimiento de revisión de oficio para reclamar la devolución de las cantidades indebidamente percibidas “al haber existido absoluta inobservancia del procedimiento legal establecido.”
Estos informes que, inicialmente, figuraban en el orden del día del próximo pleno presentado en la Junta de Portavoces, han sido retirados en el último momento suprimiéndose su debate en el pleno y eliminando toda la documentación relativa a los mismos del sistema informático. De este modo, se pretende hurtar el debate político en el pleno y ocultar a los vecinos una situación claramente perjudicial para sus intereses.
Daniela Paqué, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha manifestado que estamos ante unos hechos gravísimos que suponen, presuntamente, la mala utilización de recursos públicos por parte de los responsables del Área de Personal del Ayuntamiento, área cuya competencia delegada corresponde a la Sra. Escámez, que gestiona aproximadamente el 40% del presupuesto de gastos municipal, es decir veinte millones de euros aproximadamente.
Unos hechos sin precedentes en la historia democrática de la Corporación Municipal que reclaman la asunción de responsabilidades, de momento políticas, por parte de la Teniente de Alcalde, Sra. Escámez, a la que Izquierda Unida ha pedido su dimisión y, también, por parte de Flor Almón, alcaldesa de la ciudad.
Del mismo modo, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Motril ha reclamado la exigencia de responsabilidades administrativas a los funcionarios que, en dejadez de sus funciones, han propiciado la comisión de las presuntas irregularidades denunciadas, solicitando la apertura del correspondiente expediente informativo.
El pasado mes de octubre, Izquierda Unida puso en conocimiento de la Fiscalía de Granada los presuntos pagos irregulares, por un importe superior a 50 mil euros, que por parte del Ayuntamiento se venían realizando desde al año 2010 en concepto de productividad, por entender que los mismos podrían constituir delitos de prevaricación, usurpación de funciones públicas, cohecho, fraude y tráfico de influencias o malversación. Concretamente se denuncia a los responsables políticos, Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril hasta el mes de junio de 2015 y a José García Fuentes, primer teniente de alcalde durante dicho período.
La portavoz de Izquierda Unida ha anunciado que su organización está estudiando la ampliación de esa denuncia presentada incorporando los nuevos hechos conocidos y aportando los informes del Interventor y del Secretario municipal.
Quizás ahora, tras conocerse los informes del Interventor y del Secretario municipal muchos ciudadanos entiendan mejor el bochornoso espectáculo que montó recientemente la Sra. Escámez con el asunto de la patada en la puerta por parte del exsecretario municipal y las gravísimas acusaciones, personales y profesionales, que la teniente de Alcalde vertió sobre ese funcionario público.
Unos, al parecer, dan “patadas en la puerta”, otras, presuntamente, pisotean la normativa vigente. Estamos bien.
