La portavoz municipal de IU Verdes Equo, Inma Omiste, ha denunciado el incremento generalizado e inasumible de los precios de alquiler y venta en los últimos meses en el municipio, un aumento del 11% con respecto al año pasado, pasando en una década a ser más del 75% la subida del precio.
La proliferación de viviendas de uso turístico, el bajo número de alquileres de larga duración en nuestra ciudad, existen más de 3000 plazas de alojamientos turísticos, un total de 456 establecimientos turísticos, concentrados mayoritariamente en Playa Granada.
La portavoz ha destacado que Motril no es una excepción a los graves problemas de acceso a la vivienda que afectan al país. Si a lo detallado anteriormente le sumamos el bajo nivel salarial de nuestra ciudad, está provocando que en los últimos años se haya producido un aumento significativo en el número de personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, lo que ha multiplicado la demanda de vivienda social, especialmente entre personas en riesgo de exclusión y jóvenes.
Ha recordado que el derecho a la vivienda es uno de los pilares del estado de bienestar y, asimismo, es un deber de todas las administraciones promoverlo en su ámbito competencial. Sin embargo, entre 2017 y 2025 sólo se han construido 40 viviendas protegidas en Motril y un número insignificante de este tipo de promociones en nuestra ciudad. A pesar de los anuncios y promesas de construcción para el año 2025 de más de 700 viviendas protegidas en nuestra ciudad y a pesar de que existen más de 400 solicitudes demandando una VPO.
En este sentido, ha señalado que el Plan Municipal de Vivienda aprobado en 2018 estimaba una necesidad de 2.332 viviendas protegidas en un plazo de diez años, mientras que la realidad es que en ese periodo apenas se han construido 40.
También ha denunciado como en los últimos años no se ha destinado ni un solo euro de dinero público a la promoción de viviendas públicas ni a su rehabilitación, a pesar de que la Ley del Suelo de Andalucía establece que los ingresos obtenidos del PMS deben destinarse prioritariamente a este fin. En 2024 el Ayuntamiento obtuvo unos ingresos de 922.522,23 euros procedentes del Patrimonio Público del Suelo, sin que ninguna parte de esta cantidad se haya destinado a vivienda.
A fecha de hoy las actuaciones en materia de vivienda por parte del equipo de gobierno son inexistentes, por lo que creemos que es urgente la implementación de políticas que utilicen los recursos disponibles, como los ingresos procedentes del PMS, para intervenir en el mercado de la vivienda, regular los precios y garantizar una oferta de suelo suficiente para la construcción de viviendas protegidas.
Ha advertido que la escasa oferta de vivienda social, la construcción de edificios destinados a segundas residencias y el elevado coste de adquisición de una vivienda agravan el problema de emancipación de los jóvenes, el acceso a una vivienda para personas en riesgo de exclusión social y la posibilidad de compra para las familias trabajadoras.
Tenemos desde el año 2018 y con una vigencia de 10 años el Plan Municipal de Vivienda cuyo primer objetivo es hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar. Siendo una de las medidas a realizar promociones de viviendas protegidas de alquiler con opción a compra o específicamente dirigidas a las familias más jóvenes. También incluye entre sus objetivos la rehabilitación de viviendas o poner en el mercado viviendas vacantes con el fin de fomentar el alquiler asequible.
El programa de Acceso a la Vivienda no se ha llevado a cabo, pero es que ni siquiera se ha constituido la Comisión de Seguimiento y Evaluación, ni ha sido convocado ninguna Comisión Técnica de Seguimiento del Plan, previstos en el documento aprobado por el Pleno, encargada de elaborar el correspondiente Informe de evaluación al que se hace referencia.
Es necesario poner en marcha políticas de vivienda haciendo uso de los instrumentos disponibles, como la declaración de zonas tensionadas que permitiría regular los precios de los nuevos contratos de alquiler, junto con la regulación a través del PGOU de un porcentaje de vivienda de uso turístico en determinadas zonas, podría revertir los efectos negativos que el precio de la vivienda está provocando en nuestra ciudad.
Destinar parte de los ingresos de los PMS para poner en marcha líneas de subvenciones para la Rehabilitación de edificios y viviendas de uso principal de vivienda, enajenar y ceder solares del PMS para incentivar la iniciativa privada de creación de vivienda protegida en definitiva poner en marcha el Plan Municipal de Vivienda a través de los instrumentos jurídicos de ordenación del suelo y urbanismos para la creación e incentivación de vivienda social.
