IU Motril ha presentado en la Comisaría de Policía de Motril una denuncia en la que da traslado de diversos comentarios recibidos en su página de Facebook que contienen mensajes de odio y amenazas explícitas contra la integridad física de los miembros de su organización y de otras formaciones.
Los comentarios hacen referencia a la convocatoria de una concentración en Motril el pasado 25 de septiembre “Por el derecho a decidir y las libertades democráticas” en Cataluña. Dicha convocatoria había sido comunicada preceptivamente a la subdelegación del Gobierno en Granada, que se dio por enterada. La publicación del cartel en la página de Facebook de IU Motril apoyando la convocatoria obtuvo más de 70.000 visualizaciones, fue compartida 400 veces y recibió cientos de comentarios, gran parte de ellos ofensivos, insultantes o descalificadores hacia los convocantes.
Entre los comentarios también se recibieron diversas amenazas explícitas, entre ellas un comentario que, entre otros, ha sido puesto en conocimiento de la policía:
Tras el acuerdo de la Asamblea de Izquierda Unida de Motril en este sentido, la denuncia que fue presentada el pasado día 31 de octubre en la Comisaría de Motril.
Izquierda Unida condena con rotundidad cualquier actuación que pueda atentar contra la integridad de las personas u organizaciones, sea cual sea la ideología o las opiniones que puedan mantener ante cualquier asunto de carácter político o social. Lamenta profundamente que cada vez resulte menos inusual este tipo de actuaciones generadoras de odio e incitadoras a la violencia que entiende que están motivadas, en gran medida, por la falta de cultura democrática de una parte de la ciudadanía y por actuaciones irresponsables de los gobernantes, que están contribuyendo a la creación de un clima político de confrontación.
Izquierda Unida de Motril presenta esta denuncia con objeto de contribuir a erradicar cualquier posición contraria al diálogo, al debate abierto desde el respeto y la consideración del otro y a la convivencia ciudadana, desde la confianza de que las pesquisas policiales identifiquen al autor o autores de los mensajes y se dé traslado de la misma a la Fiscalía para que tenga las consecuencias que se deriven de la aplicación del marco normativo vigente.