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La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación ante la denuncia interpuesta por Izquierda Unida sobre el pago de gratificaciones “sin ningún tipo de procedimiento administrativo” durante cinco años a altos funcionarios del Ayuntamiento de Motril, según la portavoz del grupo municipal de IU en Motril, Daniela Paqué. Los hechos denunciados se produjeron durante el gobierno de Luisa María García Chamorro (PP) y beneficiaron al responsable de la Policía Local, a la Jefa del Servicio de Personal y a la de la Sección de nóminas por el concepto de “servicios extraordinarios”, con una cuantía global que asciende a 57.674 euros.

Izquierda Unida considera que el procedimiento adoptado benefició a tres altos funcionarios municipales “transgrediendo la normativa reguladora de las retribuciones de los funcionarios locales, así como el Acuerdo Convenio de los empleados públicos del Ayuntamiento de Motril, además de suponer un menoscabo de los recursos públicos”.

La denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre, y que se ha hecho pública hoy en rueda de prensa, ha sido suscrita por los tres concejales del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Motril, así como por Mari Carmen Pérez, parlamentaria andaluza de la formación, el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, y el diputado provincial, Juan Francisco Arenas.

Según ha informado la portavoz del grupo municipal de IU en Motril, su grupo conoció los hechos cuando, “a la llegada de un nuevo interventor municipal, pone un reparo al pago de nóminas, y la actual alcaldesa tiene que hacer un decreto regularizando la situación, y asumiendo, por tanto, que el procedimiento seguido para el abono de sobresueldos a los tres funcionarios no se había ajustado a derecho”. La actual corporación, a través del mencionado decreto, cambia las gratificaciones a los altos funcionarios por bonificaciones en concepto de productividad, sin embargo, IU entiende que los hechos ocurridos durante la anterior legislatura podrían ser constitutivos de delito y, en consecuencia, los pone en conocimiento de la Fiscalía de Granada, la cual tiene aún que dirimir si admite a trámite la denuncia.

Los firmantes de la denuncia han solicitado además una reunión urgente con el Fiscal Superior de Andalucía con objeto de explicar los hechos y lograr que se agilicen las investigaciones. Asimismo, la parlamentaria andaluza de IU ha anunciado que solicitará a la Consejería de Economía y Hacienda una fiscalización completa de los últimos ocho años del gobierno del PP en Motril, y añade que su formación sopesará igualmente la idea de plantear una fiscalización de la actuación de los populares en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical “porque muchas de estas también se encuentran bajo la sombra de la irregularidad”.

Mari Carmen Pérez ha sostenido que la anterior corporación municipal de Motril es “un botón de muestra más de la corrupción del PP en España”. Pérez apunta que “no es la primera vez que el antiguo gobierno municipal de Motril actúa retorciendo la legalidad para favorecer intereses privados”. Sobre esta afirmación, recuerda la reclasificación de 22000 metros en la vega de Motril “para beneficio de multinacionales”.