La vicesecretaria general del Partido Popular de Motril y portavoz adjunta de esta formación política Ángeles López, ha hecho un balance de lo que a juicio de los populares “adolece” la recién aprobada Ley de Discapacidad de Andalucía. La popular ha defendido la “necesidad de poner en marcha esta iniciativa, pero de ponerla en marcha con contenido, acciones concretas y financiación y no a una venta de humo más tal y como la Junta de Andalucía nos tiene acostumbrados”.
Una Ley de estas características “es necesaria y urgente para todas las personas con diversidad funcional que requieren nuestra atención, apoyo y cariño». Aunque ha lamentado la escasa participación y consenso con los colectivos y asociaciones para elaborarla y ha lamentado que “lo que es hoy una oportunidad se va a convertir en una ocasión perdida».
Así, ha advertido que esta ley podría ser «una posibilidad para dar un paso hacia delante en la inclusión y la solidaridad» para conseguir una ley por unanimidad y que sea moderna, ambiciosa y que garantice los derechos de las personas con discapacidad, si bien cree que esto no será así porque no cuenta con dotación presupuestaria y es papel mojado”, ha sentenciado.
Igualmente ha defendido que esta realidad debe tener un enfoque de garantía de derecho y no asistencial, y que los poderes públicos «están obligados a garantizar que los derechos de este colectivo sean plenos». Sin embargo esta normativa “da la espalda al sector” en ámbitos tan fundamentales como la educación, el empleo, y la accesibilidad sin barreras arquitectónicas”. La popular ha explicado que “la iniciativa andaluza no concreta acciones en materia de accesibilidad, así como la libre elección de centro educativo y se ha quedado en una mera declaración de intenciones” al no concretar un porcentaje de presupuesto que garantice su financiación y cumplimiento”
López Cano añadió la necesidad de elaborar un inventario de barreras arquitectónicas y una ejecución concreta de cuando se van a eliminar. “No podemos estar a merced de que pasen los años y siga sin haber accesibilidad libre de las personas con discapacidad en Andalucía en pleno siglo XXI”.
Del mismo modo considera inconcebible que no se garantice a los estudiantes con discapacidad la libre elección de centro público, medida que sí incluyen las leyes nacionales de Educación, “pero que no será efectiva en Andalucía, lo condiciona a los medios y recursos de los que disponga y que determine Educación, permitiendo, por tanto, la exclusión por razón de discapacidad”. “Además habrá hermanos que no puedan compartir el mismo centro, con el consiguiente perjuicio para las familias”.
En materia de Empleo, el texto “no garantiza convocatorias independientes de acceso al empleo ni concreta que la cuota de reserva de puesto para la discapacidad se calcule sobre el número total de plazas de la oferta de empleo público”. Por otra parte, rechaza que “no se obligue a disponer de temarios y pruebas adaptadas, ni se establezca que la constitución efectiva de las bolsas de empleo temporal del turno de discapacidad intelectual sea al mismo tiempo que la del turno general”.
Para concluir López Cano ha asegurado que “hemos perdido una oportunidad de oro para cambiar el modelo, pasar del paternalismo benéfico de los últimos 40 años hacia un verdadero reconocimiento a través de la ley de vanguardia que Andalucía necesita”.
