El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha recordado que uno de cada cuatro trabajadores autónomos de España emprende en Andalucía. Según los datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en 2021 había casi 600.000 personas adscritas a este régimen laboral. “Con la pandemia sus circunstancias se agravaron provocando el cierre de miles de negocios y pérdidas incalculables. La actual escalada de los precios de la energía y costes de producción abunda en la dura realidad diaria de ser trabajador autónomo en nuestra tierra que recordemos es Objetivo 1 de la Unión Europea al tener un PIB por debajo del 75% de la media europea” según afirma Martín.
El concejal andalucista defiende que esta situación “viene a complicarse cuando comparamos el amparo normativo desde el punto de vista laboral entre asalariado y autónomo. Destacamos, entre otras, las siguientes diferencias: el asalariado percibe una indemnización por despido frente al autónomo que la recibe si se pacta expresamente con su cliente; el asalariado cotiza por desempleo y si es despedido tras un año de cotización tiene derecho a prestación mientras que el autónomo puede cotizar por cese de actividad pero la prestación es inferior en cuantía y duración y con condiciones tan estrictas que muy pocos la perciben; el asalariado disfruta de la baja por enfermedad común desde el primer día mientras que el autónomo no puede pedirla hasta el cuarto y si es por accidente de trabajo o enfermedad laboral sólo cobrará prestación si ha contratado voluntariamente y pagado tal cobertura”.
David Martín ha manifestado que los datos son concluyentes: “los trabajadores autónomos se ponen enfermos la mitad que los asalariados y solicitan la incapacidad temporal cuando cesan completamente su actividad ante una enfermedad duradera. Por tanto, sería positivo bonificar la cuota cuando se esté en periodo de incapacidad temporal porque la precariedad en la que queda el autónomo si se pone enfermo y recurre a la baja es muy significativa. Si se cotiza por la base mínima, como hace el 80% de los autónomos, se perciben unos 550 euros al mes durante la incapacidad temporal y si se le descuentan 278 euros de la cuota, el autónomo tiene que vivir con apenas 280 euros ubicándolo de lleno en situación de vulnerabilidad social”.
Martín ha denunciado la injusticia que supone que un autónomo “tenga que pagar íntegra la cuota de la Seguridad Social tenga o no ingresos y esté o no de alta de manera que la baja implica cobrar poco y pagarla igualmente, sin olvidar cuando se tiene que contratar a alguien para mantener la actividad”.
Dentro del proceso de escucha a toda la sociedad andaluza, nuestra formación ha mantenido una reunión con la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), encuentro en el que nos señalaban la necesidad del máximo consenso respecto de la puesta en marcha del nuevo sistema. De esta manera, nos adherimos a su propuesta basada en cuatro ejes centrales.
En primer lugar, defendemos su aplicación sobre los ingresos reales netos descontados todos los gastos necesarios y vinculados a la actividad de forma que urge una nueva regulación del concepto ingreso real neto sin excluir a las amortizaciones como gasto deducible e incluyendo las propias cuotas satisfechas. Es lo justo y solidario. Que la cotización no guarde proporción alguna con el nivel de ingresos del trabajador explica las enormes deficiencias en la protección social que padecen los autónomos y que hemos señalado anteriormente.
En segundo lugar, debe plantearse el establecimiento de un sistema de cuotas por tramos que tenga en cuenta la realidad del trabajo autónomo y ayude a los más vulnerables a la vez que se mejoran las bases de cotización del colectivo. A este fin, deben fijarse bonificaciones para rentas por debajo del umbral del Salario Mínimo Interprofesional y tarifa plana para el inicio de actividad durante los dos primeros años.
En tercer lugar, es necesario que se experimente un impacto importante durante el primer año de implantación para los autónomos que vean reducida su cuota a la Seguridad Social. Y, en cuarto lugar, es imprescindible mejorar la protección social del conjunto del colectivo de trabajadores para adaptarse a los principios rectores de la Seguridad Social y equiparar en derechos RETA y Régimen General a fin de conseguir un sistema equitativo para todos los afiliados.
De esta manera, debe reformarse la prestación por cese de actividad para proteger a los más vulnerables e incluso estudiar la posibilidad de acumular un fondo individual para cada inscrito en el RETA y que el superávit de esta cotización por el paro de los autónomos repercuta en el propio colectivo utilizando dicho fondo para una segunda oportunidad o llegado el momento como complemento de una pensión también escasa.
Igualmente, deben implementarse subsidios en las mismas condiciones que los vigentes para trabajadores asalariados (en especial los mayores de 52 años y de 45 años) y nuevas políticas en materia de conciliación familiar que permitan a los afiliados al RETA disfrutar de similares niveles de cobertura que los del Régimen General.
Por último, David Martín ha presentado las tres propuestas de acuerdo que someterá al dictamen de la corporación municipal: instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que el nuevo sistema de cotización se aplique sobre los ingresos reales netos descontados todos los gastos necesarios y vinculados a la actividad sin excluir las amortizaciones e incluyendo las propias cuotas satisfechas a fin de que dicha cotización guarde proporción con el nivel de ingresos del trabajador. Establecer un sistema de cuotas por tramos que tenga en cuenta la realidad del trabajo autónomo y ayude a los más vulnerables bonificando las rentas por debajo del umbral del Salario Mínimo Interprofesional y con tarifa plana para el inicio de actividad durante los dos primeros años. Y mejorar la protección social de los trabajadores autónomos mediante la reforma de la prestación por cese de actividad para proteger a los más vulnerables estudiando la posibilidad de acumular un fondo individual para una segunda oportunidad o complemento de pensión, aprobar subsidios en las mismas condiciones que los vigentes para trabajadores asalariados, bonificar la cuota cuando se esté en periodo de incapacidad temporal e implementar nuevas políticas en materia de conciliación familiar que les permita disfrutar de similares niveles de cobertura que en el Régimen General.
