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El coordinador provincial de Andalucía por Sí, Ángel Ortega y los miembros de la coordinadora nacional de la nueva formación andalucista, María José Maya y David Martín, han dado a conocer los trámites que se llevarán a cabo para exigir al Parlamento de Andalucía la puesta en marcha de una ley regional que impida el corte del suministro de agua, electricidad o gas a las familias en riesgo de exclusión social.

            En este sentido, el coordinador provincial, Ángel Ortega, ha afirmado que una ley andaluza contra la pobreza y la brecha energética cada vez es más necesaria vista la escalada de precios de la electricidad en pleno invierno.

            Ortega ha declarado que “es intolerable que en el siglo XXI la luz se esté convirtiendo de nuevo en un artículo de lujo para cientos de miles de familias andaluzas, que están en situación de vulnerabilidad y se sienten desprotegidos ante la escalada de precios de los suministros básicos de sus hogares, especialmente de la luz”.

            El coordinador provincial de Andalucía Por Sí ha confirmado que la intención de su formación política impulsando esta medida es “que a ninguna familia, a ningún hogar andaluz se le corte la luz, el gas o el agua porque no pueda pagarla. Que si los Servicios Sociales del municipio informan que es una familia en riesgo de exclusión social, las empresas suministradoras no puedan cortarle el suministro por falta de pago”.

            Del mismo modo, el miembro de la coordinadora nacional, David Martín, ha afirmado que desde Andalucía por sí, “tenemos claro que la dignidad de la persona es un de los valores fundamentales y que en la actualidad haya familias que tienen que decidir entre pagar la factura de la luz o comer no es de recibo”.

            Martín ha defendido que esta iniciativa legislativa municipal ha recibido el apoyo por unanimidad de casi todos los partidos en  los ayuntamientos donde se ha presentado, sin embargo “se da la circunstancia de que algunos partidos han votado de forma distinta en cada ciudad. Este ejemplo lo tenemos en Motril donde una formación política votó en contra, incluso su portavoz estaba fuera de la sala cuando se debatió la propuesta andalucista en el orden del día”.

        El miembro de la coordinadora nacional ha manifestado que no entiende como los partidos “que llevan por bandera la defensa de los más débiles frente a las multinacionales luego en Motril votan en contra de que haya una Ley Andaluza que impida que se corte el suministro de luz, agua o gas a las familias con menos recursos, mientras la misma formación en otros municipio ha apoyado la propuesta”.

            Por su parte, la integrante de la coordinadora nacional, María José Maya, ha relatado que el estatuto de Autonomía “contempla una vía participativa que en su artículo 111, permite que tanto los ciudadanos como los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma puedan iniciar el procedimiento legislativo presentando proposiciones de ley ante el Parlamento”. Cuando se ejerce a través de corporaciones locales se precisa el acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los plenos de al menos veinticinco municipios andaluces.

        Asimismo, Maya ha incidido en que “la proposición de Ley que hemos llevado en la Iniciativa contra la Pobreza Energética en Andalucía es la misma que fue aprobada en el Parlamento de Aragón, por unanimidad de todos los grupos políticos y que ya está en vigor. Si allí han sido capaces de ponerse de acuerdo todos los partidos en beneficio de sus ciudadanos, ¿por qué en Andalucía no podemos hacerlo?”.

         Finalmente, María José Maya, ha afirmado que el acuerdo de diciembre de PP y PSOE en el Congreso de los Diputados es “un paso importante, pues avanza en dotar de financiación la lucha contra la Pobreza Energética, pero las competencias en Asuntos Sociales son de las Comunidades Autónomas, por lo que las mismas deben legislar en sus territorios cómo llevarlo a cabo”.

            La propuesta de Andalucía por Sí ha conseguido la aprobación por unanimidad o por mayoría absoluta de los siguientes 25 ayuntamientos: Ayamonte, Isla Cristina (Huelva), Coria del Río, Estepa, Écija, Palomares, La Campaña, Pruna (Sevilla), Priego de Córdoba, Posadas, Aguilar de la Frontera (Córdoba), Almuñécar, Motril (Granada), Vera (Almería), Ronda, Vélez-Málaga, Frigiliana, Montecorto, (Málaga), Setenil de las Bodegas, Villamartín, Paterna de Rivera, Barbate, Tarifa, Conil, El Bosque (Cádiz).

            Además se ha llevado al Pleno de otros ayuntamientos, donde no ha obtenido el respaldo de la mayoría absoluta, con distintos posicionamientos de los partidos políticos, como en Puerto Real, Prado del Rey, Ubrique, Alcalá de Guadaíra y Coín. Y está previsto que se debata en otros municipios, entre ellos los granadinos Cuevas del Campo, Montefrío, Dúrcal, Los Guájares o Huétor Santillán.