El integrante de la candidatura de ‘Andaluces Levantaos’ al Parlamento de Andalucía por la provincia de Granada, David Martín, ha manifestado que el proyecto para ampliar el hospital de Motril, con una inversión que supera los seis millones de euros, es otra de las promesas que no ha cumplido el gobierno de PP en la Junta.
Martín ha declarado que hace un año, la alcaldesa de Motril, ofrecía una exclusiva a un diario provincial en la que afirmaba que “Tras muchos años de promesas incumplidas, comienzan las tan esperadas obras de ampliación del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril”, un año después el solar para dicha ampliación sigue siendo un aparcamiento para vehículos del SAS “no sirve ni para que el resto de usuarios ahorre el parking que es uno de los más caros de la comarca”.
El andalucista afirma que “los populares han ido hilvanando excusas para no cumplir los plazos, primero había un problema con la adjudicación, luego otro con la empresa que solicitaba una bonificación por ser una intervención de carácter público, después la crisis de suministros, la huelga de transporte… todo menos cumplir la palabra que habían dado”.
“Esto es solo una de las muchas promesas incumplidas por el autodenominado gobierno del cambio, que sólo se ha notado en la modificación del nombre de algunas consejerías y en modificar algunos símbolos institucionales” asegura Martín.
David Martín ha comentado a los periodistas que salvo en el paréntesis de los momentos más duros de la pandemia “la sanidad pública jamás ha sido una prioridad para el PP ni para Ciudadanos, porque lo poco que han realizado para descongestionar la lista de espera ha sido desviar usuarios a la sanidad privada con el consiguiente gasto, en lugar de ampliar la plantilla del SAS y aprovechar los servicios públicos de la región que son unos de los mejores de España teniendo el cuenta el nivel de centros de referencia que hay en cada provincia.
Del mismo modo, Martín ha censurado el bloqueo que existe a la hora de la baremación de méritos en la Oferta de Empleo Público para acceder al Servicio Andaluz de Salud “ya que no hay personal suficiente para revisar toda la documentación aportada por las personas que se presentan a las OPE y se da la circunstancia de que en algunos casos hay aspirantes que se han presentado este año sin saber siquiera la nota que habían sacado en la anterior convocatoria, ni la valoración de sus méritos en la fase de concurso”. Este colapso provoca situaciones como que este año se hayan presentado a los exámenes opositores que en 2019 habían conseguido su plaza y aún no se les había comunicado. Una situación que roza la ilegalidad. A día de hoy los opositores tienen que esperar una media de siete meses mínimo para saber si han aprobado el examen.
El programa de Andaluces Levantaos plantea la descentralización del gobierno andaluz estableciendo en Granada la Consejería de Sanidad, además queremos blindar la sanidad pública asignando el 10% del PIB. Además, los centros de salud abrirán en horario de mañana y tarde, con rotación de turnos del personal para garantizar la conciliación laboral y familiar. Otras de las medidas será reducir el tiempo de espera para pruebas diagnósticas y para consultas de especialidades, aprovechando los CHARES.
Las oposiciones se convocarán con carácter bianual, contemplando la tasa de reposición. Del mismo modo, Andaluces Levantaos equiparará el salario y la carrera profesional a la media nacional, para evitar la fuga de cerebros y la dificultad para cubrir algunas plazas como ocurre en verano, y ya casi todo el año, en el hospital de Motril.
Si Andaluces Levantaos forma parte del próximo gobierno de la Junta, la Salud Mental estará garantizada en la atención primaria con psicólogos clínicos. Las consultas de pediatría estarán en consultorios, centros de salud y servicios de urgencia. Asimismo, los hospitales comarcales estarán dotados de endocrinos, neurólogos y neuropsicólogos, no podemos permitir que un hospital como el de Motril no disponga de un electroencefalógrafo.
Por último, Martín ha afirmado que desde Andaluces Levantaos quieren luchar contra la precariedad laboral que también se promueve desde las administraciones públicas, por lo que el SAS no realizará contratos a sanitarios con una duración inferior a seis meses, una vez que se haya superado el periodo laboral de prueba.
En otro orden de cosas, la coalición andalucista ha propuesto la creación de una gran ciudad de la justicia “acorde a la capitalidad judicial que Granada posee”, trasladando sus instalaciones a la zona norte de la ciudad, “aprovechando los grandes espacios que contribuirían a facilitar la accesibilidad y a desatascar el actual eje Caleta-Gran Vía-Plaza Nueva”, aseguró el portavoz territorial, Domingo Funes.
Los andalucistas, que ya se pronunciaron exigiendo a la administración pública andaluza la ampliación de salas judiciales en Granada para “agilizar las citaciones y hacer más justa la justicia”, han destacado en su propuesta el valor que ofrece para la ciudad el “descongestionar” el centro de la capital y acercar la administración a todos los barrios de la ciudad así como al resto de usuarios provenientes de otras poblaciones de la provincia, que no solo son la del partido judicial de Granada, sino que además hay que tener en cuenta los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que dan servicio a toda la provincia».
Funes ha remarcado la experiencia de la Ciudad de la Justicia en Málaga “dónde pese a las reticencias iniciales, hoy por hoy profesionales y población están satisfechos, disponen de unas instalaciones amplias y cómodas y eso se traduce en un mejor servicio”. Del mismo modo, el portavoz de la coalición recordó también otras experiencias en la ciudad ubicadas en la zona de Joaquina Eguaras como “el edificio administrativo de la Junta de Andalucía, que ha dotado de dinamismo a todo el barrio, distribuyendo los beneficios que este tipo de edificios, con tanto movimiento, generan a su alrededor, y sin lugar a dudas, unificar los diferentes juzgados de Granada en un mismo emplazamiento, que además sea más accesible, es un beneficio para toda la provincia» y ello sin perder de vista que la sede del TSJA se mantendría en la Real Chancillería, edificio histórico y emblemático en Granada, como corresponde a la capital judicial de Andalucía y a nuestra larga tradición jurídica.
Desde la coalición han recordado también “la precariedad de las instalaciones actuales”, permanentemente denunciadas por los profesionales y “sobre todo por los trabajadores», que son quienes las sufren a diario, reclamación que jamás ha sido atendida porque la Justicia es la cenicienta de todo presupuesto público y ya toca cambiar eso». En este mismo sentido, también han indicado que “hoy por hoy, adaptar las instalaciones, e incluso ampliarlas con edificios anexos, no sería una solución sino un parche cutre y caro, cuando no directamente inviable, que Granada no merece,”
Por último, Funes destacó que “sabemos que esta propuesta choca con el planteamiento que hacen otros partidos, colegios y operadores jurídicos, pero la defenderemos porque entendemos que es la mejor para Granada y para usuarios y trabajadores. «No es cuestión de agradar –apostilló– sino de mejorar para todos: usuarios y trabajadores”
