El secretario general de los populares motrileños, José García Fuentes, ha comparecido en la mañana de hoy, para salir al paso de las declaraciones vertidas por el gobierno motrileño acerca de los más de dos mil recibos de basura que están llegando a los propietarios de algún tipo de edificación rural diseminada o cortijo.
Para el secretario popular, se trata de una acción ilegal, y así lo determinan múltiples sentencias del TSJ de varias comunidades autónomas, e incluso del Tribunal Supremo. Primero porque no se puede cobrar una Tasa de un servicio que no se presta, (válido para los recibos girados del ejercicio 2016), y segundo porque no se puede aplicar una ordenanza con efectos retroactivos, (válido para los recibos girados de las anualidades 2013, 14 y 15).
Esta impopular medida que ha llevado a cabo el gobierno socialista de Almón, con su voracidad recaudatoria, se les está volviendo en contra. Este gobierno es el único responsable de tomar la determinación, que ha provocado un rechazo generalizado, y que para repararlo están intentando confundir a la opinión pública, echando cortinas de humo, recurriendo al insulto y a descalificaciones personales, e incluso intentando derivar la responsabilidad al anterior gobierno popular.
Desde el PP hemos de aclarar que el cobro de esta y de cualquier otra tasa, debe de estar amparado por la inclusión en una ordenanza fiscal que debe elaborar el gobierno, con ese propósito. La primera vez que aparecen los diseminados, es en la ordenanza fiscal aprobada por el gobierno socialista de Almón en diciembre de 2015, para cobrarlos en 2016, en la que intorducen expresamente un nuevo epígrafe en el mismo artículo art.8.2.b en el que textualmente dice “Para los inmuebles viviendas bajo la denominación DISEMINADOS les será de aplicación la cuota tributaria establecida para las viviendas de 3ª categoría”.
Hemos de aclarar que en 2013, primer año que han cobrado, la ordenanza fiscal no contemplaba el cobro de la tasa de basura a los diseminados, ni tampoco en la de 2014 ni en la de 2015, tal y como se puede comprobar con la simple lectura del art.8.2. en el que no aparecen los cortijos. Esto evidencia que no se incluyó por parte del anterior gobierno popular, simplemente porque considerábamos que era ilegal, al no estar prestándose el servicio.
Además, el gobierno de Almón, lo ha hecho con total premeditación, ya que, con posterioridad, lo ratificaron en el Plan Económico Financiero que tuvieron que redactar en Agosto de 2016, y en el que entre las medidas para corregir la mala situación económica del Ayuntamiento, en el apartado 7.2., dentro del paquete que idean para mejorar los ingresos, incluyeron mandar liquidaciones de basura a los diseminados, en concreto 500.000 euros en 2016 y 253.000 en 2017, indica García Fuentes.
Esto contrasta con las declaraciones de miembros del gobierno socialista que echan la culpa al PP del cobro de los recibos que ellos han mandado. Queda contundentemente claro, que la voluntad ha sido del gobierno de Almón, y que ha sido una decisión política y no técnica, como vienen manteniendo. Asimismo, aclara, que si el PP hubiese tenido voluntad de cobrarlos, lo hubiera hecho. Y no lo hizo, ni en 2013, ni en el 14 ni en 2015 simple y llanamente porque no se estaba prestando el servicio.
El grupo popular, ha presentado la solicitud de un Pleno Extraordinario, para tratar este asunto, y ha solicitado que se retiren todos los recibos, puesto que son de dudosa legalidad, y también que se regule su cobro, una vez que se preste el servicio, y nunca con efecto retroactivo. Ahora esperamos, habida cuenta de la enorme repercusión social, que el gobierno lo convoque urgentemente, y no lo demoren intencionadamente y esperen a que vayan venciendo los periodos de pago, porque eso obligaría a los propietarios a pagar, y luego solicitar la devolución. No deben de crear más problemas y quebraderos de cabeza a los ciudadanos, ha concluido García Fuentes.