En una moción que presenta al próximo Pleno municipal denuncia que la gran banca, a pesar de haber obtenido en 2021 el mayor benefició de la última década, 19.866 millones de euros, están aplicando planes de ajuste que tiene como consecuencias, entre otras, el cierre de sucursales, el despido de trabajadores y trabajadoras y la reducción del horario de atención al público.
Motril se está viendo afectada por cierre de sucursales que daban servicio en los barrios y que, al no ofrecer servicios, congestionan las que permanecen abiertas en el centro de la ciudad con la consiguiente merma en la calidad del servicio prestado y los inconvenientes que ocasionan al formarse grandes filas de usuarios en la vía pública (Tasa de ocupación).
A ello se le une la estrategia de digitalización impuesta por las entidades financieras que obliga a los usuarios a realizar todo tipo de gestiones en cajeros o a través de medios telemáticos, lo que conlleva que amplios sectores de la población tengan serias dificultades para realizar operaciones básicas viendo, de este modo, vulnerados sus derechos y dejándoles en una clara posición de indefensión.
Desde IU-Equo se sostiene que el Ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos tiene la responsabilidad y la obligación moral de prestar apoyo y amparo a los vecinos y vecinas, más aún en una situación de abuso que afecta especialmente a personas y colectivos vulnerables.
IU-Equo demanda a los bancos que dejen de cobrar comisiones de mantenimiento a las personas pensionistas y a los colectivos más vulnerables y que se dedican a prestar servicios de calidad especializados para atender las diferentes necesidades y para dar respuestas adecuadas a cada persona como usuaria.
En la moción presentada se insta al Gobierno de España a desarrollar un marco legal que no permita a las instituciones financieras abusar de la situación de “brecha digital” que afecta, especialmente, a colectivos vulnerables y a personas mayores.