La vicesecretaria general del Partido Popular, Ángeles López ha denunciado nuevamente la parálisis de la Junta de Andalucía con los salarios sociales en Motril. A nivel regional el gobierno de Susana Díaz del PSOE ha reducido la concesión de estas ayudas en casi 17.000 prestaciones, de 51.656 ayudas aprobadas en 2015 se ha pasado a 34.980 en 2016, cifras que afectan directamente también a las familias de Motril, donde son casi 500 las solicitudes de Salario Social sin resolver a día de hoy. López Cano ha denunciado el perjuicio que esta situación genera en personas con una crítica situación social, y de familias con necesidades y en situación de vulnerabilidad. La responsable de los populares ha señalado que “cuando una familia solicita este recurso es porque ya no les queda nada para subsistir y han agotado todas las vías de ayudas o prestaciones, se trata de familias que no tienen recursos y que se enfrentan a que les corten algunos suministros como la luz o el agua por no poder pagar los recibos además de que ya no tienen ni para comer”.
La responsable popular ha informado que el Programa de Solidaridad para la erradicación de la marginación en Andalucía, más conocido como Salario Social es una ayuda que se da a personas y familias con riesgo de exclusión social, que carecen de unos ingresos mínimos con los que hacer frente a una calidad de vida básica. La cuantía mensual de la ayuda será: para 1 persona 397,67€, 2 personas 448,98€, 3 personas 500,29€ y 4 o más 641,40€ y la duración máxima de seis meses.
En la práctica, una de cada 4 solicitudes es denegada. Los datos hablan por sí solos, ya no es que las familias tienen que esperar más de 10 meses para recibir esta prestación, sino que también el número de ayudas ha descendido considerablemente, siendo para Andalucía durante el 2015 se concedió el 70,45% de las ayudas solicitadas, y en 2016 el porcentaje se redujo al 61,49%, a lo que hay que añadir que el crédito ejecutado para los expedientes resueltos favorablemente ascendió a 58 millones de euros frente a los casi 79 millones de euros presupuestados para los expedientes de 2015. En este sentido, la dirigente de los populares ha denunciado que no sólo las ayudas han decrecido, sino que el presupuesto está congelado. Con todo, lo más grave, a su juicio, es el número de solicitudes que no se han resuelto. Aporta datos oficiales: 24.589 en 2015 y 70.411 en 2016 a nivel regional.
López Cano ha recordado que la propia Junta de Andalucía se comprometió a contestar en el plazo de tres meses estos expedientes, pero la realidad es que el tiempo real está superando los diez meses lo que tienen que esperar los ciudadanos para que “con suerte”, la Junta de Andalucía les conteste. Según comunicado del propio gobierno andaluz, “El salario social será un derecho garantizado para los andaluces que cumplan los requisitos y su percepción no estará sujeta a las limitaciones presupuestarias, según el Plan Andaluz de Inclusión Social, que prevé que esta ayuda se cobre antes de 3 meses desde la aceptación de la solicitud”. “Este fue el compromiso de la Junta de Andalucía que nuevamente se ceba con los más indefensos e incumple sus compromisos”, ha destacado la popular.
Por último López Cano ha afirmado que resulta paradójico, que un programa denominado “de solidaridad y erradicación de la exclusión, obligue a los preceptores de estas ayudas a esperar 10 meses cuando ya están sufriendo auténticas calamidades en sus hogares”, y ha calificado de “vergonzosa” la actitud pasiva de Almón que lejos de dar soluciones y defender a estas familias ante sus compañeros de la Junta de Andalucía guarda silencio cómplice.