La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril, Luisa Mª García Chamorro ha informado que su formación política mostró el apoyo a la prisión permanente revisable en el último pleno municipal celebrado el pasado viernes día 26 de enero. Lamentablemente PSOE, IU, y PA votaron en contra de esta medida que pretende que ante los delitos gravísimos se proceda a constatar la rehabilitación del agresor o asesino antes de que salga en libertad, no por el transcurso del tiempo, sino acreditando que una persona que ha cometido delitos muy graves haya cumplido con el fin de resocialización.

Esta medida es una pena extraordinaria, para supuestos de extrema gravedad, tales como, el asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable, asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal, homicidio del Rey o del heredero de la Corona, terrorismo con resultado de muerte, homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle en España, en los casos graves de genocidio y delitos de lesa humanidad.

Los populares han explicado que esta medida que desgraciadamente es una petición de muchos padres y familiares a quienes les han asesinado o agredido de forma grave a algún ser querido, “en nuestro país son muchos los casos y muchas las familias que desgraciadamente están pasando por una situación de este tipo”, ha explicado García Chamorro.

La petición de prisión permanente revisable ha sido avalada ya por más de 1.500.000 firmas a petición de los familiares de personas y menores asesinados como son por ejemplo entre otros, el padre de la joven madrileña Diana Quer, junto a las familias de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José, Candela y Amaia, que piden que no se apruebe la proposición de ley de derogación de la prisión permanente revisable. Pedimos que no se derogue la prisión permanente revisable, sin embargo los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, salvo el Partido Popular no se sumaron a este clamor popular algo que consideramos totalmente injusto con estos familiares “ojalá pudiéramos volver atrás y evitar los trágicos asesinatos de nuestros hijos, e impedir que se vulneren los derechos más elementales del ser humano, y sobretodo que otras familias no pasen por lo mismo” ha señalado García Chamorro. También ha incidido la edil que “es fundamental que nos unamos desde todas las formaciones políticas para garantizar un Estado Social y Democrático de Derecho y de convivencia social en paz y libertad”.

Los populares han explicado que “no significa cadena perpetua ni es una pena definitiva, sino un mecanismo para compatibilizar la contundencia de la respuesta penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación y reinserción de las penas de prisión en nuestro país”.

La prisión permanente revisable no renuncia al mandato constitucional de los artículos 15 y 25.2, ni a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, “un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal antes de ser puesto en libertad”. El tribunal fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social”.

Los populares han subrayado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado la prisión permanente revisable un modelo ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, al incluir mecanismos de revisión de la condena, así como El artículo 37 a) de la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, establece que “…No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad”. De este modo podemos apreciar como un instrumentos de derechos humanos que brinda especial protección los niños y adolescentes, en este caso en conflicto con la ley penal, admite la pena perpetua con excarcelación, de modo que no quedan dudas su admisión para mayores que cometan crímenes especialmente graves. 

Para concluir han manifestado los populares que en este tema “no cabe ponerse de perfil y no puede ser que seamos el único partido en España que apoya esta medida, cuando ya está en marcha en toda Europa; pedimos a las formaciones políticas dejen a un lado la ideología y prevalezca el sentido común y el de la Justicia”