La Policía Local de Motril ha advertido de la relajación de algunos ciudadanos en las normas de seguridad establecidas en la actual fase 0 de desescalada del estado de alarma y del confinamiento en la que continúa toda la provincia de Granada. Entre las quince actas de denuncia formuladas por los agentes de la Policía Local de Motril durante la jornada del sábado, cinco de ellas fueron por intentos de practicar ‘botellón’ en el centro de la ciudad y las otras diez corresponden a las personas que celebrarán una fiesta en un cortijo de Los Tablones.
Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Jefatura de Policía Local se ha recordado a la población que se mantienen las medidas del estado de alarma y, por tanto, las normas de seguridad y confinamiento. Aunque la inmensa mayoría de los motrileños cumple las normas, cada vez son más las personas que las están incumpliendo desde el inicio de la fase 0 y desde las medidas de alivio del confinamiento adoptadas por el Gobierno central como la posibilidad de practicar deporte y pasear por espacio de una hora.
Desde el Consistorio motrileño se ha apelado a la responsabilidad individual, al tiempo que se recuerda que la provincia de Granada en su totalidad permanece aún en la fase 0 o de preparación en la que, desde el pasado día 2, se permite a todas las personas y no solo a los niños, salir a pasear y a hacer deporte sin contacto como montar en bici, correr o patinar, siempre que se haga de forma individual y con la protección adecuada, es decir manteniendo la distancia y con mascarilla cuando sea posible.
El Ayuntamiento de Motril decidió el pasado viernes incrementar los controles sancionadores de la Policía Local en distintos puntos del municipio, tras los reiterados incumplimientos de las normas de confinamiento impuestas durante la fase 0 de desescalada en la ciudad por parte de individuos incívicos. Así, la Policía Local de Motril instaló controles en el Paseo de los Álamos, Rambla de Las Brujas, la Bajada a la playa y el Paseo Rey Balduino.
Los expedientes sancionadores se remiten a la subdelegación de Gobierno para que imponga la sanción económica que se derive y que puede oscilar entre los 100 y los 600 euros en los casos de que se trate de un incumplimiento leve y de 601 hasta 30.000 en los incumplimientos graves.