La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, la Delegación Territorial de Salud y Familias, el Colegio de Médicos de Granada y la Junta de Personal del Área Sanitaria quieren brindar su apoyo a todos los profesionales, y concretamente al Servicio de Urgencias del Hospital de Motril, por las características del trabajo que realizan, impregnado de una gran profesionalidad y una fuerte vocación de servicio.
Es por ello que hacemos pública nuestra más enérgica repulsa ante las agresiones físicas o verbales de las que son objeto durante el desempeño de sus funciones. Cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal, es una lacra social intolerable e injustificable desde todo punto de vista y en ninguna circunstancia podemos consentirla ni aceptarla.
Los profesionales del sistema sanitario público ponen todo su esfuerzo para atender las necesidades de salud de la población en base a criterios clínicos – avalados por la evidencia científica- y valores éticos. Hacer el bien, no causar daño, contar con la opinión y el consentimiento del paciente y hacer una distribución justa de los servicios y recursos sanitarios según las necesidades de cada persona, son principios que acompañan a la organización sanitaria y a los profesionales en su toma de decisiones. Decisiones que son siempre consensuadas y quedan reflejadas en nuestros protocolos y procedimientos de actuación.
Decidir si un paciente requiere ser llevado a domicilio en ambulancia tras el alta hospitalaria no es nunca una decisión arbitraria que obedezca a criterios subjetivos del profesional, sino que obedece a criterios objetivos como el estado de salud del paciente, su capacidad de movilidad y el deber de hacer un uso adecuado de los recursos públicos. Un deber que no sólo atañe a los profesionales, sino que nos incumbe a todos y todas como parte de la ciudadanía. Hacer un uso adecuado de las instalaciones y los recursos sanitarios, así como respetar las normas y a los profesionales, son deberes de los usuarios de los servicios sanitarios que solo pueden redundar en el beneficio común.
La desconfianza, la exigencia desmedida y la agresividad por parte de pacientes y/o acompañantes generan malestar y estrés entre los profesionales y solo consiguen mermar su ilusión y su capacidad de respuesta.
Las agresiones a profesionales sanitarios son consideradas un delito contra la autoridad (Modificación artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) y por ello cualquier amenaza, coacción, agresión física y/o verbal, o cualquier otra actuación ilícita o que suponga alguna forma de acoso o persecución contra los profesionales de los centros sanitarios públicos puede denunciarse por la vía penal, incluidas las agresiones, los insultos, vejaciones o descalificaciones graves o que tengan por objeto desacreditar públicamente la profesionalidad de un trabajador del ámbito sanitario, expresadas en las redes sociales o mediante cualquier medio que lo difunda.
Por ello manifestamos nuestra más intensa repulsa ante las descalificaciones y agresiones verbales emitidas por una usuaria del sistema sanitario público en medios de comunicación local contra un profesional médico del Servicio de Urgencias del Hospital de Motril tras haber realizado una adecuada atención clínica por el sólo hecho de no prescribir el uso de ambulancia para traslado a domicilio.
Agredir a quien trata de ayudar a restablecer tu salud es, además de incomprensible, intolerable. Ante las agresiones a profesionales del ámbito sanitario: tolerancia cero.