El concejal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha presentado a los medios de comunicación la segunda de las mociones que ha registrado para el pleno del mes de febrero.
Martín ha comentado que “el año y especialmente el mes de febrero ha comenzado con una sucesión de agresiones inadmisibles al personal de los centros de salud de la Costa Tropical. El hecho más grave acontecía el 6 de febrero en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril, cuando un grupo de gente agredió de forma sanguinaria a los cuatro profesionales que estaban atendiendo a una persona que se había desvanecido”.
El portavoz andalucista en el Consistorio ha dicho que “toda agresión es condenable, pero aún más la que se produce contra una persona que está ahí al servicio de unos de los pilares básicos de nuestro sistema de derecho, la Sanidad. Hace tres años, salíamos a los balcones a aplaudirles, cuando se protegían al principio de la pandemia con bolsas de basura y mascarillas recicladas. Hoy, cuando ya todos hemos pasado al menos una vez el covid, esas manos sirven para lo mismo que servían antes de marzo de 2020, para agredir al personal sanitario”.
Martín ha indicado que “en la concentración del viernes 10 de febrero, los profesionales sanitarios afirmaban que las agresiones sobre todo verbales son cotidianas en cada turno de Urgencias. La violencia hunde el estado de ánimo a un profesional que ha dedicado buena parte de su vida a formarse precisamente para velar por la salud de los demás”.
Por último, el candidato de Andalucía Por Sí a la alcaldía de Motril el próximo 28 de mayo ha manifestado que “sabemos que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada tiene un programa de formación específico para saber actuar en estos casos, pero pedimos que se intensifique esa formación y sobre todo, que todas las agresiones ya sean verbales o físicas, se denuncien y que la administración pública acompañe desde el momento en el que se denuncia el hecho al trabajador que ha sido atacado en su puesto de trabajo”. Por este motivo, la moción insta a la administración pública a que incluya un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública con sanciones ejemplares, tanto en lo económico como en la privación de libertad o servicios a la comunidad. Además de garantizar que los agresores no puedan conocer la identidad de los profesionales que les denuncian, como en la actualidad ocurre.