El Consejo Ciudadano de Podemos Motril defiende que el uso de los bienes titularidad del Estado no puede, en ningún caso, servir a intereses privados. Ese es el aparente sentido de la Ley de Patrimonio Público y en ese estadio es donde se sitúa la respuesta dada por el Secretario de Estado de Hacienda a la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Motril mediante la cual se insta al Ministerio a la cesión gratuita de los 8 hoyos del campo de golf Los Moriscos. El Ministerio, que se muestra favorable a la cesión del terreno donde se sitúan los hoyos, se ha permitido incluso indicarle al consistorio que un posible uso podría ser la ubicación de la escuela deportiva municipal de golf. En su defecto, instará a los órganos jurisdiccionales que ejecuten el lanzamiento previsto y aplazado con anterioridad.
Sin embargo, parece que entre las intenciones del Ayuntamiento de Motril no se había barajado la situación que plantea el Ministerio de Hacienda, es decir, sí a la cesión gratuita pero para uso no lucrativo y corriendo a cargo del consistorio el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. La pretensión del Ayuntamiento pasa por una ecuación que deja al margen los intereses públicos y que podríamos representar gráficamente de una manera muy simple: cesión gratuita del Ministerio = cesión del ayuntamiento para explotación privada.
Cabe indicar que el Secretario de Estado del Ministerio de Hacienda se excede en sus competencias cuando abiertamente conmina al Ayuntamiento de Motril a la ubicación en el lugar de la escuela deportiva municipal de golf, sencillamente porque, respetando el contenido de la Ley de Patrimonio del Estado en lo que a prohibición de obtención de lucro se refiere, está de más cualquier otra apreciación, indicación o valoración sobre la gestión y uso de la cesión. Por otra parte, el Ayuntamiento no puede pretender la interpretación “sui géneris” de la normativa, creando una apariencia de legalidad pero cuyo resultado sería el beneficio de intereses privados totalmente ajenos a la colectividad, que es para la que se gestionan los bienes públicos.
La mala o deficiente gestión empresarial privada, no debería descansar en la responsabilidad de los ciudadanos y las arcas públicas para su salvación. Sobre la espalda de todos los ciudadanos planea una especie de “cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración”, que entra en vigor casi automáticamente cuando las cuentas no les cuadran a empresas que, por sus dimensiones o funciones, actúan tildadas de importancia económica para la zona o sector de actividad. A ese carro pretende engancharse todo aquel que pueda. Al fin y al cabo, quién inició su marcha fue el propio gobierno de Rajoy con el saneamiento de la banca y las autopistas con cargo a la ciudadanía.
El alcance y los fines de la función pública, no han sido bien interpretados. La ética pública que se desprende de la propuesta del Ayuntamiento de Motril, es más que dudosa y si no es así, cuando menos es conveniente que por parte de los responsables municipales aclaren definitivamente la intencionalidad que la propuesta del Secretario de Estado de Hacienda, pone de manifiesto cuando advierte de que se accederá a lo solicitado desde el Consistorio siempre y cuando su uso sea no lucrativo. Porque una de dos: o el Ministerio estaba al tanto de las intenciones, o en su caso, la propuesta elevada por el Ayuntamiento estaba plagada de dudas razonables.
