La fiscalía  ha mantenido hoy su petición inicial de 3 años y cuatro meses  de prisión para los dos   acusados la que por entonces era administradora de la empresa y al técnico de prevención de riesgos laborales, por  el accidente laboral ocurrido en 2014 en la fábrica de Ron Montero de Motril, un accidente que se saldó con la muerte de un trabajador mientras que otros dos resultaron heridos gravedad.

El juicio que se seguía por estos hechos desde el pasado lunes en el Juzgado de lo Penal número dos de Motril  ha quedado así visto para sentencia.

Los abogadas de los trabajadores heridos , que ejercen la acusación particular, han ratificado sus conclusiones provisionales aunque han modificado las peticiones realizadas rebajándolo una de ellos a una pena de 4 años y seis meses y el otro a algo menos de tres años de prisión aunque mantienen las cantidades solicitadas de responsabilidad civil.

Por el contrario las defensas de los dos acusados así como de las aseguradoras han pedido la libre absolución de ambos, y en supuesto de condena la rebaja de las indemnizaciones pedidas por la parte demandante.

La sesión de hoy jueves, que ha durado cerca de siete horas  ha comenzado con la presencia de dos pruebas periciales, la primera de la médico forense y a continuación un  médico pericial aportado por una de las compañías de seguros, ambas se han ratificado en los informes realizados previamente.

En las conclusiones finales el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de una pena total de tres años y cuatro meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y por otros dos de lesiones también con imprudencia, así como   que indemnicen con más de un millón de euros a uno de los trabajadores y con 600.000 euros al otro  por las heridas, secuelas y perjuicios físicos y morales ocasionados

El fiscal ha considera en sus conclusiones que  no se cumplieron las medidas de seguridad necesarias por la empresa y que el servicio de prevención de riesgos laborales externo tampoco cumplió con su cometido , además de considerar que existían importantes carencias en medidas de seguridad.

La Acusación de uno de los trabajadores ha bajado la petición a 4 años y seis meses  de prisión.

Y ha mantenido la petición de algo más de un millón de euros de indemnización por los daños causados y ha considerado que su defendido no era  responsable de la  prevención de riesgos laborales como se había denunciado durante el juicio  por parte de la empresa  como sostiene la dirección de la empresa y que la orden de trasiego en el bidón donde se produjo el accidente la dio la empresa.

En caso caso del técnico de prevención de riegos laborales ha reseñado que él está para preveer lo que podría ocurrir.

Por su parte la defensa de la administradora de la empresa  ha reseñado que no se ocultó información a la empresa encargada de redactar el plan de riesgos laborales por lo que el servicio de prevención pudo adoptar las medidas que considerara oportunas . Y que ha quedado acreditado que se delegó toda la responsabilidad en los responsabilidad de los riesgos laborales en la empresa contratada para ello y en un trabajador que cumplía con esas funciones.

Ha apuntado que a su defendida no se le puede condenar por ser la administradora, ya que existió una evaluación incorrecta que motivó que no se tomaran las medidas adecuadas.

En cuanto al abogado del técnico de riegos laborales ha considerado que su defendido en todo momento hizo correctamente su trabajo y que realizó las recomendaciones adecuadas tanto a los trabajadores como a la empresa Y que realizó una advertencia en la evaluación que hizo que disminuyeran los riesgos en la empresa.

Ha reseñado que los trabajadores estaban formados en base a lo que determina la evaluación realizada por el técnico. Y que es la empresa la que tiene la obligación y la que determina a quién se forma.  Y en contra de los criterios de la defensa de la administradora considera que no existe delegación de competencias por parte de la empresa . Y consideró que el técnico no se puede convertir en el  garante de la seguridad al no tener la información ni los medios necesarios.

Los abogados de las aseguradoras pidieron también  la absolutoria de los dos acusados.

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